La ciudadanía italiana: ¿derecho adquirido o vínculo activo?

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Sumário

La ciudadanía italiana es mucho más que un documento: representa la pertenencia a una comunidad cultural, jurídica y política con profundas raíces históricas. Este artículo explora su naturaleza jurídica, los principios que la sustentan y los recientes cambios legales que redefinen sus alcances, especialmente a la luz del Decreto Tajani.

Una ciudadanía basada en el “ius sanguinis”

Italia reconoce la ciudadanía principalmente por derecho de sangre (“ius sanguinis”), lo que significa que se transmite por descendencia, sin importar el lugar de nacimiento. Este principio fue establecido en la Ley N.º 555 de 1912 y reforzado por la Ley N.º 91 de 1992, consolidando la idea de que todo hijo de ciudadano italiano puede ser considerado automáticamente italiano.

A lo largo de los años, este criterio ha permitido que millones de personas nacidas fuera de Italia reclamen su ciudadanía por tener ancestros italianos, sin límite generacional definido ni exigencias de idioma o residencia. Sin embargo, esta amplitud también generó desafíos administrativos y cuestionamientos legales sobre su sostenibilidad en el tiempo.

Ciudadanía y Constitución: el vínculo con la República

La Constitución italiana, en su artículo 1, establece que la soberanía reside en el pueblo. En ese contexto, ser ciudadano implica más que tener un pasaporte: supone participar activamente en la vida cívica, asumir derechos y deberes, y mantener una conexión real con la nación.

Hasta hace poco, los tribunales y la administración italiana interpretaban la normativa de forma expansiva, reconociendo la ciudadanía incluso a personas con vínculos tenues o nulos con Italia. Esto comenzó a generar preocupación entre las autoridades por el uso instrumental de la ciudadanía y la sobrecarga del sistema consular.

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El Decreto Tajani y la reforma del “ius sanguinis”

En marzo de 2025, el gobierno italiano, bajo liderazgo del Ministro de Asuntos Exteriores Antonio Tajani, aprobó una reforma clave. Este decreto-ley marcó un giro en la política de ciudadanía, imponiendo límites generacionales y requisitos adicionales para nuevos solicitantes nacidos en el extranjero.

Entre los cambios principales:

  • Limitación a dos generaciones: solo se reconoce la ciudadanía automática a quienes tienen al menos un padre o abuelo nacido en Italia.
     
  • Prueba de vínculo efectivo: se exige a los ciudadanos nacidos en el extranjero mantener contacto con Italia, ejerciendo al menos un derecho cívico cada 25 años.
     
  • Oficina centralizada: en vez de los consulados, el reconocimiento de ciudadanía pasará a gestionarse desde una nueva oficina en la Farnesina, buscando reducir fraudes y acelerar trámites.

¿Derecho adquirido o derecho condicionado?

El cambio normativo reabre una discusión profunda sobre la naturaleza jurídica de la ciudadanía italiana. Históricamente concebida como un derecho adquirido por nacimiento, la nueva regulación introduce elementos que la acercan a un derecho condicionado por factores culturales, lingüísticos y residenciales.

Desde un punto de vista jurídico, esta transformación implica pasar de una ciudadanía pasiva a una ciudadanía activa, donde no basta con “tener sangre italiana”, sino que es necesario demostrar identificación con la República.

Este enfoque busca equilibrar el principio de legalidad con las capacidades del sistema administrativo y la integridad del vínculo cívico entre el ciudadano y el Estado italiano.

Excepciones y régimen transitorio

El decreto prevé un período de transición de un año y mantiene la validez de solicitudes iniciadas antes de su promulgación. Además, no afecta a quienes ya han sido reconocidos como ciudadanos italianos, que conservan su estatus independientemente del grado de parentesco con el ascendiente italiano.

Estas disposiciones reflejan una preocupación por la seguridad jurídica y por evitar retroactividad en la aplicación de nuevas normas.

Conclusión: una ciudadanía con raíces y alas

La ciudadanía italiana sigue siendo una herramienta poderosa de conexión con la herencia italiana. No obstante, las recientes reformas evidencian que también es un instrumento regulado, que exige coherencia entre derechos y responsabilidades.

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