La Corte Constitucional de Italia tomó una decisión importante al unificar dos procesos que cuestionan la constitucionalidad del Decreto-Ley 36/2025, decreto que posteriormente se convirtió en ley y reformó las reglas para el reconocimiento de la ciudadanía italiana por descendencia (iure sanguinis).
¿Qué ocurrió?
En la Gazzetta Ufficiale de la República Italiana se publicó, el 14 de enero, una ordinanza (decisión) del Tribunal de Mantua que une su proceso a otro similar del Tribunal de Turín, con el fin de que ambos sean juzgados conjuntamente por la Corte Constitucional.
La audiencia fue fijada para el 11 de marzo de 2026, en la sede del tribunal en Roma.
La unificación de los casos es una estrategia adoptada por el sistema judicial italiano para que la Corte Constitucional pueda ofrecer una respuesta jurídica única y uniforme sobre la validez del artículo 3-bis de la Ley 91/1992, introducido por las recientes modificaciones legales y eje central del llamado Decreto Tajani.
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Detalles de los procesos
El caso de Mantua involucra a un menor cuyo reconocimiento de ciudadanía fue denegado por el municipio de Canneto sull’Oglio, bajo el argumento de que las nuevas restricciones legales serían aplicables, incluso cuando el proceso familiar había sido iniciado antes de los cambios en la ley.
La defensa sostiene que la norma vulnera principios constitucionales fundamentales, como la confianza legítima y la igualdad entre ciudadanos.
Defensores y perspectivas
La abogada Maria Stella La Malfa, responsable del proceso en Mantua, comentó en redes sociales que la anticipación de la publicación de la decisión es una señal de la relevancia del tema, ya que permite que ambas líneas jurídicas sean evaluadas simultáneamente por la Corte.
Lo que está en juego
La audiencia de marzo de 2026 representa un momento decisivo para miles de descendientes de italianos cuyos pedidos de reconocimiento de ciudadanía han sido afectados por las modificaciones introducidas por el Decreto Tajani.
En caso de que el tribunal declare la inconstitucionalidad de la norma, esto podría impactar de forma significativa las reglas aplicadas a los procesos, especialmente aquellos iniciados después de la entrada en vigor de la ley.