La ciudadanía italiana es un derecho de nacimiento para quienes tienen ascendencia italiana, sin importar la generación ni formalidades burocráticas.
Una reciente decisión de la Corte Constitucional italiana podría transformar el debate sobre las restricciones impuestas por la Ley n.º 74/2025 (Decreto 36/2025).
El pasado 31 de julio, la Corte publicó la sentencia n.º 142/2025, confirmando que el derecho a la ciudadanía italiana se adquiere desde el nacimiento por vínculo de sangre, reafirmando el principio del ius sanguinis.
Ciudadanía por sangre no puede ser limitada
Según el pronunciamiento, es inadmisible e infundada cualquier tentativa de restringir este derecho en base a criterios como la falta de vínculo territorial o un supuesto riesgo para la democracia.
La ciudadanía por descendencia está prevista en el ordenamiento jurídico italiano desde 1865 y tiene carácter permanente e imprescriptible:
“El estatus de ciudadano basado en el vínculo de filiación tiene carácter permanente e imprescriptible, y puede ser reconocido en cualquier momento mediante la simple prueba del nacimiento de un hijo de ciudadano italiano.”
El rol del Parlamento y los límites de los tribunales
La Corte también dejó claro que corresponde al Parlamento italiano definir los criterios para la adquisición de la ciudadanía, mientras que el papel de la Corte es asegurar que estas normas no se alejen de los principios constitucionales ni resulten desproporcionadas o irrazonables:
“Corresponde al legislador definir los presupuestos para la adquisición del estatus de ciudadano, pero compete a esta Corte verificar que las normas no se aparten de los principios constitucionales, evaluando su razonabilidad y proporcionalidad.”
Esta sentencia fue una respuesta a demandas presentadas por tribunales de Bolonia, Roma, Milán y Florencia, que solicitaban intervención judicial sobre los criterios aplicados a solicitudes protocoladas antes de marzo de 2025. La Corte negó estas apelaciones, afirmando que cualquier cambio debe provenir del poder legislativo.
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¿Qué cambia para quienes iniciaron el proceso antes del decreto?
Uno de los puntos más importantes es que la sentencia aclara que la nueva Ley n.º 74/2025 no se aplica a procesos iniciados hasta el 27 de marzo de 2025. En estos casos, siguen vigentes las normas anteriores, que reconocen la ciudadanía con base en el simple vínculo con un antepasado italiano.
Además, ordena la reanudación inmediata de todos los procesos que estaban suspendidos en diversos tribunales italianos, incluyendo los de Bolonia, Roma, Milán y Florencia.
¿Qué significa esto para el futuro de la ley?
La sentencia representa un fuerte revés para el llamado “Decreto Tajani” y para cualquier iniciativa futura que intente limitar la ciudadanía por sangre. Refuerza las acciones judiciales que alegan la inconstitucionalidad de la ley, dando mayor base jurídica a quienes fueron afectados por las recientes restricciones.
Aunque la Corte no anuló la ley, abre un importante precedente. El debate específico sobre la inconstitucionalidad de la Ley n.º 74/2025 se prevé entre finales de 2025 y comienzos de 2026. Hasta entonces, la ley sigue en vigor, pero con crecientes cuestionamientos legales.
